Señalan una acción ilegal en contra de las personas recién llegadas y el programa de reasentamiento
Los obispos católicos de Estados Unidos interpusieron el martes una demanda contra el gobierno federal por la abrupta suspensión de financiamiento para el reasentamiento de refugiados, argumentando que es una acción ilegal y perjudicial para los refugiados recién llegados y para el programa privado de reasentamiento más grande del país.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB por sus iniciales en inglés) afirma que, al retener millones de dólares incluso para el reembolso de costos incurridos antes del anuncio, el gobierno viola diversas leyes así como la disposición constitucional que otorga el control de los fondos al Congreso, el cual ya había aprobado el financiamiento.
Los Servicios de Migración y Refugiados de la conferencia han enviado avisos de despido a 50 trabajadores, más de la mitad de su personal, y se anticipan recortes adicionales en las oficinas locales de Caridades Católicas que colaboran con la oficina nacional, según la demanda.
“La Iglesia Católica siempre trabaja para defender el bien común de todos y promover la dignidad de la persona humana, especialmente de los más vulnerables”, dijo el arzobispo Timothy Broglio, presidente de la USCCB. “Eso incluye a los no nacidos, los pobres, el extranjero, los ancianos y enfermos, y los migrantes”.
La suspensión de financiamiento le impide a la iglesia hacer su trabajo, afirmó.
“De un momento al otro, la conferencia se encuentra incapaz de sostener su trabajo para cuidar a los miles de refugiados que fueron acogidos en nuestro país y asignados al cuidado de la USCCB por el gobierno después de haber recibido estatus legal”, subrayó Broglio.
La conferencia intenta mantener el programa en funcionamiento, pero es “financieramente insostenible”, agregó, señalando que busca que el gobierno de Estados Unidos cumpla con sus “compromisos morales y legales”.
La conferencia es una de diez agencias nacionales, la mayoría de ellas religiosas, que brindan servicio a los refugiados y que han estado en apuros desde que el Departamento de Estado les envió una carta el 24 de enero informándoles de una suspensión inmediata de fondos a la espera de una revisión de los programas de ayuda exterior.
Se quedan sin ayuda
La demanda, presentada en el tribunal federal para el Distrito de Columbia, asegura que el programa de reasentamiento ni siquiera es ayuda exterior. Es un programa nacional para ayudar a los refugiados recién llegados quienes llegan legalmente después de ser evaluados en el extranjero a satisfacer necesidades iniciales como vivienda y empleo.
